El lago Mary Jane, ubicado en el centro de Florida, podría verse afectado por actividades de desarrollo. Una demanda única en su tipo pregunta si la naturaleza debería tener derechos legales.
El lago está en un área que alguna vez estuvo dedicada a los humedales. Al norte, está unida a un pantano, y al oeste, un canal la une al lago Hart. Hacia el sur, a través de más canales, Mary Jane desemboca en una cadena de lagos que desembocan en el lago Kissimmee, que desemboca en el lago Okeechobee. Si el lago Okeechobee no estuviera rodeado por diques, el agua que fluye a través de Mary Jane seguiría fluyendo hacia el sur hasta cruzar los Everglades y salir al mar.
A un costado del lago hay un parque equipado con un parque infantil y mesas de picnic. En el centro hay casas dispersas, con largos muelles que se tambalean sobre el agua. A las personas que viven a lo largo de Mary Jane les gusta pasear en bote, nadar y observar la vida silvestre. Hacia el lado del parque del lago se encuentra un islote, conocido como Bird Island, con garcetas y cigüeñas que anidan ahí.
El lago enfrenta muchas presiones antropogénicas, pues se encuentra en una de las zonas de más rápido crecimiento de Estados Unidos. Un proyecto planeado al norte de Mary Jane convertiría 1.900 hectáreas de humedales, planicies de pinos y bosques de cipreses en casas, jardines y edificios de oficinas.
En un esfuerzo por protegerse, Mary Jane está demandando. El lago ha presentado un caso en la corte estatal de Florida, junto con Lake Hart, Crosby Island Marsh y dos arroyos pantanosos. Según los documentos legales presentados en febrero, este proyecto “impactaría negativamente en los lagos y pantanos que son parte de esta acción”, causando lesiones que son “concretas, distintas y palpables”.
Aunque ha habido casos de demandas de animales, el caso de Mary Jane es el primero, porque es el primer caso que un ecosistema está tratado de defender sus derechos en un tribunal estadounidense. “Ya es hora de reconocer que dependemos de la naturaleza, y la continua destrucción de la naturaleza debe detenerse”, dijo Mari Margil, directora ejecutiva del Centro para los Derechos Democráticos y Ambientales, en un comunicado celebrando la demanda.
La demanda de estos cuerpos de agua presentada en el Condado de Orange tienen un co-demandante: Chuck O’Neal. O’Neal tiene 66 años, fundador de Speak Up Wekiva, una organización que lleva el nombre de un río que corre cerca de su casa, y hasta hace poco también fue presidente, presidente y director general de un grupo llamado Florida Rights of Nature Network, quien aboga porque la naturaleza tenga derechos.
Un mapa sobre el proyecto urbanístico muestra que alrededor de un tercio del mapa son humedales. El proyecto, que se supone que incluirá casas adosadas, edificios de apartamentos y espacio comercial, la empresa inmobiliaria, Beachline South Residential, planeó extender la carretera a través de Boggy Branch y luego a través de Wilde Cypress Branch. Las obras viales y varios otros reordenamientos del paisaje implicarían rellenar o alterar los humedales que cubren más de cien acres. La medida,
restringiría el flujo natural de los arroyos hacia los lagos, causando así estragos en la ecología local y amenazando el derecho a existir de los lagos.
Para O’Neal, esa agua ha estado fluyendo durante decenas de miles de años, y se progunta “¿Dónde se está considerando eso en este desarrollo inmmobiliario?”.
En la primavera de 2019, O’Neal invitó a Linzey (Centro para los Derechos Democráticos y Ambientales) a Florida para hablar con un grupo de ciudadanos preocupados de todo Florida. Los asistentes acordaron volver a casa e intentar aprobar leyes de derechos de la naturaleza en las regiones donde vivían.
Con la ayuda de otros residentes del condado de Orange, O’Neal redactó una “declaración de derechos” para el río Wekiva y para el Econlockhatchee, un segundo río que pasa cerca de Orlando. Presentó el proyecto de ley a una comisión que había sido designada para revisar los estatutos del Condado de Orange. Para su sorpresa, la comisión no se limitó a aceptar su propuesta; lo amplió. En noviembre de 2020, cuando los votantes acudieron a las urnas, se les preguntó si todas las vías fluviales del condado, ya sean “dulces, salobres, salinas, de marea, superficiales o subterráneas”, deberían tener el “derecho a existir, fluir, ser protegido contra la contaminación y para mantener un ecosistema saludable”.
El 89% por ciento de la población aprobó la enmienda a la carta constitucional, unificando a los votantes “en un Estado con un pésimo historial de protección de los recursos naturales”.
Tan pronto como la comisión de estatutos del condado de Orange decidió, a principios de junio de 2020, incluir la declaración de derechos de las vías fluviales en la boleta electoral, los cabilderos empresariales en Tallahassee se pusieron en acción. En un proyecto de ley que principalmente tenía que ver con la regulación de los sistemas sépticos, apareció de repente una enmienda que prohibía a los gobiernos locales otorgar derechos legales a cualquier “parte del entorno natural”. La legislatura estatal aprobó el proyecto de ley a mediados de junio y entró en vigencia en julio, lo que significa que cuando el Condado de Orange votó para aprobar la enmienda a la carta orgánica en noviembre, y el sector empresaria ya se había anticipado.
El empresario Beachline South Residential, está presionando para que se desestime el caso de Mary Jane, argumentando que los derechos que invoca el lago no existen ni pueden existir. La legislatura estatal no podría haber sido “más clara en su intención de anular” la enmienda a los estatutos del Condado de Orange, documentos presentados por la nota del equipo legal de Beachline.
Fuente:
Elizabeth Kolbert – The New Yorker
11 de abril 2022 https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/18/a-lake-in-florida-suing-to-protect-itself?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=onsite-share&utm_brand=the-new-yorker&utm_social-type=earned