En la madrugada del sábado 4 de marzo 2023, más de 50 países adoptaron el texto de un tratado internacional para proteger los océanos del mundo que se encuentran fuera de la jurisdicción de los estados nacionales. Este fue el resultado de casi 20 años de conversaciones.
Hay amplias zonas en los océanos que están siendo devastadas; y aunque hay alrededor de 20 organizaciones que regulan la pesca, la navegación, el turismo y la protección de los mares, su jurisdicción llega solo hasta las 200 millas náuticas (370 kilómetros) de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de cada país. Luego empiezan las aguas internacionales, y allí los Estados ya no tienen potestad alguna, ni rigen las leyes nacionales.
Las aguas profundas constituyen más de la mitad de la superficie de la Tierra, así como un 61% de los océanos, pero solo el 1% de esas aguas internacionales tienen algún nivel de protección. Casi no hay control a la sobrepesca, los daños a los ecosistemas, debidos a la minería submarina o a las perforaciones para extraer petróleo y gas; por eso, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU sostuvo que el tratado es crucial para abordar la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
El convenio establecerá una Conferencia de las Partes (COP), que se reunirá periódicamente y permitirá a los estados miembros (Partes) rendir cuentas sobre temas relacionados con este acuerdo, pero primero debe ser ratificado por los países, antes de entrar en vigencia[1].
Es preocupante que parte de la discusión de la pesquería quedó fuera de los acuerdos conseguidos, así como el uso de las aguas internacionales para prácticas militares que las potencias suelen realizar en esas zonas, pues se excluye de manera explícita a los buques de guerra, aeronaves militares o auxiliares navales.
Una limitante de este convenio es que su estrategia de protección de los mares internacionales es a través de la creación de áreas protegidas. El convenio establece herramientas de manejo basadas en estas áreas; que serán establecidas basadas en conocimientos científicos pertinentes, y cuando sea el caso, de conocimientos tradicionales. Es lamentable ver que la estrategia de áreas protegidas no ha servido para revertir la dramática pérdida de biodiversidad terrestre, 30 años después de haberse adoptado el Convenio sobre Diversidad Biológica, que usa la misma estrategia.
Otro aspecto del convenio es la obligación de elaboración de estudios de impacto ambiental sobre actividades que pueden afectar a los océanos. Cuando un país determina que una actividad que se llevará a cabo en su jurisdicción marina o bajo su control, puede causar una contaminación sustancial o cambios significativos y dañinos en el medio ambiente marino en áreas fuera de la jurisdicción nacional, debe garantizar que se realice una evaluación de impacto ambiental de dicha actividad. El convenio describe cómo se llevará a cabo esta evaluación, establece la obligatoriedad de monitorear la actividad y notificar los resultados a un centro de información creado por este convenio.
Un punto destacado del convenio se relaciona con la bioprospección de “recursos genéticos marinos” para la industria farmacéutica, cosmética, de energía y otras. El Convenio dedica varios artículos a establecer normas y procedimientos a esta actividad en mares internacionales. Esto genera grandes expectativas a la industria, pues se presume que en los océanos, que cubre la mayor parte del Planeta, puede existir inmensas oportunidades económicas.
Dos conferencias internacionales sobre el mismo tema
De manera simultánea a la conferencia de las Naciones Unidos, tuvo lugar en Panamá la XVII Conferencia global Our Ocean (“Nuestro Océano” en español).
Las conferencias Our Ocean nacen como una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos; y la primera conferencia tuvo lugar en 2014 en Washington, donde se trataron temas como la acidificación del mar, la contaminación marina y las pesquerías sustentables. De acuerdo al Departamento de Estado, “la conferencia fue un gran éxito y resultó en nuevas asociaciones e iniciativas valoradas en más de $800 millones para conservar los océanos”. En ella participaron gobiernos, empresas, organizaciones de conservación y otros.
Esta última conferencia estuvo centrada en torno a la economía “azul”, y tuvo entre sus auspiciantes algunas empresas y gobiernos. Los ejes fueron el turismo sostenible, la conectividad ecológica y soluciones locales a la contaminación marina. Las áreas de acción fueron: promover áreas marinas protegidas, fomentar una economía azul sostenible, abordar la crisis climática, apoyar la seguridad marítima, promover la pesca sostenible y combatir la contaminación marina.
Llama la atención que mientras los estados miembros de las Naciones Unidas hayan dedicado 20 años antes de decidir sobre un Tratado Legalmente Vinculante para los océanos, algunos países y bloques de países hayan destinado ingentes cantidades de fondos para este espacio. La Unión Europea dijo en Panamá que destinará 816,5 millones de euros (unos 865 millones de dólares) para protección de océanos, y anunció 39 compromisos, para la investigación oceánica para proteger la biodiversidad marina y abordar los impactos del cambio climático en el océano; renovar su constelación de satélites de monitoreo del cambio climático, y un sistema de acceso a los datos y productos para la implementación de políticas, el desarrollo sostenible y la ciencia en América Latina.
Desde 2014, la Conferencia Our Ocean ha movilizado más de 1800 compromisos por un valor aproximado de $108 mil millones. Esperemos que en la esfera multilateral de las Naciones Unidas, los gobiernos tengan el mismo grado de compromiso por el futuro de los océanos.
[1] El texto preliminar del acuerdo puede leerse aquí: