En la Declaración Política de Puyuk, emitida al cierre del XII Foro Social Panamazónico, organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, feministas y juveniles denunciaron el avance del extractivismo, la violencia y el crimen organizado, y reclamaron el cumplimiento del mandato del Yasuní de mantener el petróleo bajo tierra.
Micaela Alejandra Díaz Miranda – 21 de agosto de 2026
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Los pueblos y organizaciones sociales reunidos en el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA) cerraron este 20 de agosto con una declaración política en la que denunciaron las amenazas que enfrenta la Amazonía y reclamaron acciones urgentes para proteger los territorios, los derechos colectivos y la vida.
La Declaración Política de Puyuk parte de una denuncia concreta: el incumplimiento, durante tres años, del mandato surgido de la consulta popular que decidió mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra. Para los participantes, esta decisión constituye una referencia fundamental para los pueblos de toda la Pan-Amazonía en su lucha contra el extractivismo.
El pronunciamiento sitúa esta situación en un contexto internacional que vive conflictos geopolíticos, disputas por recursos energéticos y minerales y el avance de posiciones autoritarias en distintos países de América Latina. Los pueblos reunidos advierten que estas dinámicas tienen consecuencias directas sobre los territorios amazónicos y sobre quienes los defienden.
Amazonía amenazada por el extractivismo
La declaración señala que la región enfrenta una presión creciente por la explotación de minerales, petróleo, agroindustria, infraestructura, deforestación y otras actividades que, según los participantes, están acercando a la Amazonía a un punto crítico. Ante esta realidad, los pueblos y organizaciones participantes declararon a la Amazonía “en estado de emergencia como medida de protección y prevención del punto de no retorno”. La declaración vincula esta situación con la necesidad de garantizar los derechos colectivos, fortalecer los autogobiernos y las economías propias y avanzar en la reparación y restauración de territorios afectados.
El documento reclama, además, una transición que permita abandonar progresivamente la explotación de combustibles fósiles y propone avanzar hacia territorios reconocidos jurídicamente como zonas de exclusión extractiva. Entre las medidas planteadas se encuentran revertir concesiones mineras y petroleras, eliminar el uso de mercurio y fortalecer las guardias territoriales, la justicia indígena y los mecanismos de protección de defensores y defensoras.
Los participantes también plantean la creación de un observatorio de coordinación política, jurídica y de protección de quienes defienden los territorios, ante el incremento de la violencia y la criminalización.
Rechazo a las “falsas soluciones” climáticas
La declaración cuestiona que los compromisos de financiamiento climático sean insuficientes y, además, lleguen en condiciones que pueden afectar los derechos territoriales y los procesos de consentimiento previo, libre, informado y de buena fe.
Los pueblos reunidos también rechazan mecanismos como los mercados de carbono, los canjes de deuda por naturaleza y otros instrumentos financieros que consideran insuficientes o contraproducentes frente a la crisis climática. En su lugar, reclaman financiamiento climático no reembolsable y la cancelación de las deudas públicas que consideran ilegítimas.
Derechos de los pueblos y defensa del territorio
La declaración recuerda que los pueblos indígenas se consideran preexistentes a los Estados y reivindica sus derechos colectivos, territoriales y de libre determinación como derechos que no dependen del reconocimiento estatal
Desde esta perspectiva, los participantes sostienen que la Amazonía no puede ser tratada como un espacio disponible para la explotación de recursos. El documento denuncia el avance de actividades extractivas, economías ilegales, narcotráfico, deforestación y grandes proyectos de infraestructura, entre otras amenazas.
En este contexto, el pronunciamiento incorpora el Mandato de los Pueblos y Naciones Indígenas en Puyuk 2026 como expresión de las prioridades y propuestas de los pueblos de la cuenca amazónica. También reivindica el concepto kichwa Kawsak Sacha, Selva Viviente, para afirmar una comprensión del territorio como un ser vivo que debe ser protegido.
Pueblos afrodescendientes, mujeres y juventudes reclaman participación
El documento también incorpora las demandas de pueblos afrodescendientes, comunidades campesinas, mujeres y juventudes. Los pueblos afrodescendientes reunidos en el FOSPA reclamaron mayor poder de decisión, territorialidad autónoma y participación vinculante frente a proyectos mineros, petroleros, forestales, agroindustriales y de infraestructura. También cuestionaron los mercados de carbono y créditos de biodiversidad cuando se implementan sin respetar los derechos de consulta.
Las mujeres, por su parte, denunciaron la relación entre extractivismo, crisis climática y violencia contra sus cuerpos y territorios. El pronunciamiento advierte que mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, rurales, quilombolas y feministas comunitarias enfrentan formas específicas de despojo, criminalización y violencia por su defensa de los territorios.
La declaración plantea como prioridades la protección frente a la violencia, la participación política en igualdad de condiciones y la sostenibilidad de la vida. También reivindica los saberes ancestrales y el papel de las mujeres en las tareas de cuidado, al tiempo que denuncia la sobrecarga que estas responsabilidades generan. Las juventudes amazónicas también reclamaron un papel protagónico en las decisiones sobre el futuro de la región. “La participación de las juventudes no es un adorno de los discursos: es la condición para que la vida continúe”, afirma el pronunciamiento.
Frente al extractivismo, economías para la vid
Ante el modelo económico que cuestionan, los participantes proponen fortalecer alternativas construidas desde las propias comunidades. El documento habla de “Economías para la Vida” como un horizonte político y una práctica que busca poner en el centro la dignidad, los derechos, la autonomía, el cuidado y la sostenibilidad de los ecosistemas.
Estas propuestas incluyen economías comunitarias, sistemas de conocimiento indígena y afrodescendiente, soberanía alimentaria y formas de producción e intercambio vinculadas con las necesidades y particularidades de cada territorio.
El objetivo, según el documento, es disputar las relaciones de explotación, desigualdad y extractivismo mediante modelos económicos que permitan transformar las condiciones en las que las comunidades producen, intercambian, cuidan y toman decisiones colectivas.
Denuncia del crimen organizado y la violencia
El pronunciamiento también alerta sobre el avance del crimen organizado en la Amazonía. Narcotráfico, minería ilícita, tala, tráfico de fauna, trata de personas, contrabando y lavado de activos son identificados como parte de una dinámica que ejerce un control territorial creciente y que, según la declaración, se relaciona con actividades extractivas y otros actores económicos y políticos.
Los pueblos denuncian una crisis humanitaria marcada por el aumento de la violencia, con impactos especialmente graves sobre mujeres, niñas, niños y jóvenes.
Al mismo tiempo, rechazan la militarización como respuesta suficiente a estas problemáticas, al considerar que no resuelve las estructuras que sostienen el crimen organizado ni devuelve el control territorial a las comunidades.
Pasar de las declaraciones a la acción
Los participantes del XII FOSPA sostienen que la gravedad del contexto exige pasar de los pronunciamientos a la acción colectiva. En ese sentido, reivindican el foro como un espacio permanente de articulación y construcción de propuestas entre los pueblos amazónicos.
La declaración señala que el proceso de reconstrucción de la gobernanza del FOSPA ya comenzó y plantea garantizar una participación amplia y efectiva de los pueblos de la Pan-Amazonía en las agendas y acciones futuras.
También llama a las organizaciones sociales a involucrarse en la implementación del Plan de Acción del XII FOSPA y expresa su respaldo a las personas perseguidas o criminalizadas por defender la vida.
Colombia será sede del XIII Foro Social Panamazónico
Al cierre, los pueblos reunidos expresaron solidaridad con las poblaciones afectadas por los recientes terremotos en Colombia, Perú y Venezuela, y reclamaron incorporar acciones de reducción del riesgo de desastres con enfoque territorial y ecosistémico.
El pronunciamiento también incluye una denuncia del genocidio del pueblo palestino y un llamado a construir una “paz con soberanía, la paz con justicia social y la paz con la naturaleza”.
La Declaración Política de Puyuk concluye con una nueva convocatoria: el XIII Foro Social Panamazónico tendrá lugar en Colombia. Con ello, el FOSPA reafirma su carácter de proceso permanente y deja planteado el desafío de convertir las demandas expresadas en Puyuk en acciones para la defensa de los territorios, los pueblos y la vida en toda la Pan- Amazónico.