INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más graves que enfrentan los territorios indígenas donde además hay áreas protegidas en la Amazonía Ecuatoriana, es la presencia del extractivismo petrolero, y en los últimos años, minero.
La historia de las áreas protegidas se remonta a mediados del Siglo XIX, cuando Yosemite es declarado el primer parque nacional del mundo a mediados del siglo XIX. Este era el hogar del pueblo Miwok, en la Sierra Nevada en California. Su desplazamiento de la zona dio lugar a la guerra india de la Mariposa, en la cual los poblados indígenas fueron quemados. El impulsor del Parque, era a su vez el jefe del Batallón. En sus primeros años, el Parque estuvo al cuidado del Ejército de Estados Unidos (Colchester, 2004).
La creación del parque significó la exclusión del pueblo Miwok de sus fuentes de sobrevivencia, incluyendo un lugar para pastoreo, de pesca y recolección de nueces. A los pocos años el área se llenó de rancheros, hoteles y carreteras. Posteriores desalojos de los Miwok se produjeron nuevamente en 1906, 1929 y 1969. Con esta mentalidad se crea el concepto de parque nacional. Es decir, una conservación sin gente, pero que abre el paso a las empresas que pueden lucrar de la conservación.
Aunque la idea de conservación sin gente ha cambiado, muchas organizaciones conservacionistas estadounidenses se mantienen con esta percepción en su trabajo en Asia y África. Los parques nacionales estuvieron concebidos con una visión colonial.
Un lugar reservado, donde los aristócratas pudieran disfrutar de la naturaleza. El número de áreas protegidas se multiplicaron a partir de la II Guerra mundial, y aun más poco antes de que los países alcanzaran su independencia. Se crean las reservas de caza, desplazando a la población local, porque practica la cacería de subsistencia.
En la India se han desplazado unas 600.000 poblaciones tribales a nombre de la conservación (Colchester, 2004).
Sin embargo, la mayoría de estas organizaciones conservacionistas no ven una contradicción entre la conservación y la presencia de empresas que hacen extracción intensiva de recursos. En varios países hay explotación petrolera y minera en áreas protegidas, muchas veces con la venia de estas organizaciones, con quienes establecen alianzas para mitigar los impactos de las empresas.
Una práctica común es dar fondos a las organizaciones conservacionistas para que adquieran tierras a cambio de las que van a destruir. Este es el caso de Gabón Shell, que operaba en el Complejo Gamba donde apoyaba un proyecto con el Smithsonian Institute y Friends of the National Zoo.
La WCS (perteneciente al zoológico de Nueva Cork) en el Congo maneja un parque ubicado en la zona norte del país (Noubale Ndoki). La zona es el hogar poblaciones pigmeas y bantúes. Ahí la empresa maderera alemana (CIB) tiene una concesión maderera tres veces mayor que el parque y emplea 1200 personas. Saca 250.000 metros cúbicos de madera. Cada 15 minutos sale un camión de madera. Esta operación ha atraído a 16.000 personas para trabajar de manera indirecta con la empresa. Cuadrillas de madereros cazan en la zona para alimentarse. En este contexto la WCS firmó un protocolo con la empresa, en la que repudiaba los ataques injustificados hechos por la población local. La CIB ha verdeado su imagen por la relación con la WSC. A su vez la WSC legitima una actividad incompatible con la conservación (Colchester, 2004).
ÁREAS PROTEGIDAS Y LA ASOCIACIÓN ENTRE LAS INDUSTRIA Y LAS ORGANIZACIONES DE CONSERVACIÓN
En el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica se ha conformado un grupo de trabajo sobre áreas protegidas, en el que se está avanzando en la imposición unos nuevos modelos de control del territorio y privatización de la vida, donde las organizaciones conservacionistas trabajan como socias de las empresas que más destruyen la biodiversidad, incluyendo las empresas petroleras.
El programa de trabajo sobre áreas protegidas tiene cuatro líneas de acción, cuya intención es crear nuevas áreas protegidas, incluyendo reservas privadas, que puedan ser administradas por organizaciones privadas y no gubernamentales. Por lo tanto, recursos estratégicos importantes como la biodiversidad y el petróleo, pasan a ser administradas por entidades privadas, a espaldas de la sociedad. Para ello, es necesario crear un marco legal, institucional y financiero para que estas nuevas propuestas de conservación sean viables.
Muchas de estas áreas protegidas son el hogar de pueblos indígenas y otras comunidades locales.
Aunque el programa de trabajo sobre áreas protegidas reconoce que el establecimiento, manejo y monitoreo de las áreas protegidas debe contar con la participación efectiva y total de las comunidades indígenas y locales y del reconocimiento y respeto pleno de sus derechos; en otros puntos del programa de trabajo, se recomienda que en la identificación de nuevos sitios para la conservación, se utilicen “metodologías basadas en la ciencia“, que se basan únicamente en criterios biológicos o geográficos. Se desconoce por lo tanto la opinión de las comunidades locales, sobre cuyos territorios se establecerán las nuevas áreas protegidas.
Entre estos instrumentos se destaca la “metodología del análisis de vacíos“, mediante la cual, se hace estudios sobre la distribución de anfibios, reptiles y mamíferos, para identificar componentes de la biodiversidad irreemplazables, se escoge un área de un tamaño tal que asegure poblaciones biológicas viables. Esta metodología ignora las necesidades de las poblaciones locales.
Para ocuparse de las poblaciones locales, se propone llevar a cabo un proceso de consulta, el que empezaría sólo después de que se hayan identificado los sitios que serán declarados como áreas protegidas, por su importancia biológica.
Si las poblaciones aceptan que su territorio sea declarada área protegida, se reconocerán sus derechos, pero tendrán también ciertas obligaciones. Estas poblaciones, que han sabido conservar la naturaleza, y por eso su territorio se declara como un área protegida, tienen que someterse entonces a un proceso de capacitación por parte de científicos para que aprendan a manejar el área científicamente y a seguir un plan de manejo impuesto.
En el programa de trabajo no se descarta que las poblaciones sean desplazadas de las áreas protegidas y reasentadas en otros lugares. Aunque el reasentamiento debe contar con el consentimiento informado previo de las poblaciones afectadas, la experiencia en esos procesos de consulta – para obtener el consentimiento – demuestran que con frecuencia, las poblaciones locales son objeto de un grado de acoso que no tienen más remedio que dejar su tierra, a cambio de “bambalinas y espejos”.
La propuesta de inclusión de los pueblos indígenas y comunidades locales en el manejo de las áreas protegidas, es un reconocimiento del frecuente fracaso de los modelos de conservación sin gente, y de la necesidad de incluir a las poblaciones en los programas de conservación.
No hay necesariamente un reconocimiento de la tecnología y ciencia indígena. Aunque se acepta que las poblaciones locales pueden jugar un papel importante en el manejo de las áreas protegidas, deben hacerlo usando patrones de conocimiento y tecnologías de otros. Por ejemplo un punto dice que se debe desarrollar tecnología para comunidades indígenas y locales en materia de rehabilitación de ecosistemas degradados. Ellas hacen el trabajo de rehabilitación, aplicando la tecnología que para el efecto se ha desarrollado, convirtiéndose en fuerza laboral.
Se habla de reducir la pobreza a través de la inclusión de poblaciones locales en el establecimiento de áreas protegidas. La experiencia en el Ecuador y otros países ha sido que la gente local es contratada como guardaparques, pasando de dueños del territorio a empleados de las áreas protegidas.
Esto en el mejor de los casos, porque con el reconocimiento de reservas privadas, se puede dar un proceso de compra de tierras o desalojos en beneficio de ONG conservacionistas internacionales y otros actores privados.
“FINANCIACIÓN SUSTENTABLE” DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Entre los mecanismos establecidos para desarrollar una financiación sustentable para las áreas protegidas, se hace un llamado a los gobiernos a hacer una evaluación nacional de los beneficios económicos que generan las áreas protegidas, usando como instrumentos la valoración económica, contabilidad de los recursos naturales y otros instrumentos de la economía ambiental.
Entre los fondos de innovación se ha propuesto una especie de impuesto para contaminar, proveniente de las actividades llevadas a cabo en las empresas petroleras y otras empresas extractivas.
EMPRESAS EXTRACTIVAS Y ORGANIZACIONES CONSERVACIONISTAS
Muchas organizaciones de conservación se han asociado con empresas extractivas, por ejemplo, con empresas extractivas (petroleras o mineras), para facilitar su entrada en áreas protegidas, que en el caso del Ecuador, son también territorios indígenas. Por ejemplo, la organización WCS trabaja con la industria petrolera en Uganda para minimizar los impactos de la industria. Lo mismo hizo en el Parque Nacional Yasuní.
Recientemente, esta organización firmó un contrato con la empresa minera Lowell para la Gestión de Biodiversidad en Warintza para desarrollar una estrategia para la gestión de la biodiversidad en el Proyecto Warintza. La empresa opera en el territorio Shuar, y para imponerse en la zona, amenazó a la presidenta del Pueblo Shuar Arutam. Además, ha provocado división en el seno de las comunidades Shuar.
Conservation International tiene varios compromisos corporativos con industrias extractivas. En el Ecuador intervino en un convenio de cooperación entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), Lundin Gold, empresa minera canadiense operadora del proyecto Fruta del Norte (FDN), Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador) y el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) para la implementación del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre El Zarza ubicado en la Cordillera del Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe. La zona forma también parte del territorio Shuar.
En esa línea de acción hay organizaciones como International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), un “mundial de petróleo y gas para promover el desempeño ambiental y social en la transición energética. Reúne a miembros y partes interesadas para liderar la integración de la sostenibilidad mediante el avance de la acción climática, la responsabilidad ambiental y el desempeñosocial”. Entre sus miembros se encuentran Aramco, Chevron, ConocoPhillips, BHP, BP, ExxonMobil, Marathon Oil, Petrobras, Shell, TotalEnergies, Repsol, Petronas, la empresa de servicios petroleros Schumberger y otras.
Varias de estas empresas tienen operaciones que han sido seriamente criticadas, entre otras razones porque operan en áreas protegidas y territorios indígenas. Entre sus miembros se incluye también Repsol que ha operado más de 20 años en el Parque Nacional Yasuní y territorio indígena Waorani. El CEO de esta empresa dice sobre IPIECA: “IPIECA ofrece un importante foro mundial para que la industria comparta y promueva las mejores prácticas en torno a cuestiones ambientales y sociales, al mismo el horizonte para garantizar que estamos preparados para cumplir con las crecientes expectativas.
Entre sus miembros beneficiarios y think tanks.se encuentran también grandes organizaciones de conservación.
Las empresas petroleras en muchos casos, trabajan con organizaciones con las que llevan a cabo inventarios de flora y fauna, estudios biológicos y ecológicos, etc…; inclusive, las petroleras otorgan a estas organizaciones fondos para la compra de tierras destinadas a la conservación (áreas privadas de conservación diferentes a aquellas en las que la compañía opera), todo esto mientras la petrolera destruye el ecosistema para extraer petróleo.
También se otorga a la población local cierta cantidad de fondos (en algunos casos, a través de una ONG o de una empresa de servicios) para la implementación de proyectos de ecoturismo u otra clase de proyectos productivos, al mismo tiempo que destruyen las bases para su supervivencia y los obliga a vivir en condiciones de subordinación, dependencia y cambios culturales fuertes. En su estudio sobre el comercio de carne de monte en el Parque Nacional Yasuní (PNY), hecho por la organización conservacionista WCS, se dice:
La comunidad Kichwa de Pompeya está asentada en las riberas del río Napo y parte de su territorio se solapa con la porción noroccidental del PNY. Esta localidad es el punto de ingreso a la llamada vía Maxus, que penetra alrededor de 180 km en el PNY y la Reserva Étnica Waorani. Esta carretera fue construida por la compañía Maxus Ecuador Inc. en 1992, para facilitar la extracción petrolera en el Bloque 16 y, aunque el ingreso y circulación por esta vía han sido estrictamente controlados por las compañías petroleras (actualmente Repsol-YPF), su presencia ha supuesto dramáticos cambios en la vida y las costumbres de las poblaciones locales de las etnias Kichwa y Waorani que habitan en esta región. Entre estos cambios, uno de los principales ha sido la intensificación de la cacería de animales silvestres, debida a las nuevas facilidades de transporte, al flujo de dinero desde las empresas petroleras y, especialmente, al inicio de un comercio de carne de monte en el mercado de Pompeya.
Vemos como en el mundo conservacionistas se mantienen la idea de que son las poblaciones (que han vivido tradicionalmente en esas áreas), las que destruyen los ecosistemas, minimizando el impacto que producen las empresas, aunque ellas acuden a estas zonas con la mejor tecnología destructiva del siglo XXI. Tampoco hacen una análisis del rol de las petroleras en los territorios / áreas protegidas, y las relaciones de poder que se han dado debido a su injerencia, y los cambios culturales que generan.
¿DEBEN LAS EMPRESAS PETROLERAS FINANCIAR LA CONSERVACION?
La pregunta de fondo es si el Estado debe delegar sus obligaciones con la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas a una organización privada, y si las empresas petroleras que operan en áreas protegidas deben financiar la conservación.
Las áreas protegidas son un patrimonio de todos los que forman parte de una Nación, pero sobre todo de los pueblos indígenas y comunidades locales que viven en esa zona. Varios acuerdos internacionales reconocen la soberanía que ejerce la Nación sobre su biodiversidad. La delegación de funciones de la administración de áreas protegidas a instituciones privadas, es una delegación de nuestra soberanía. Es entregar a organizaciones, en varios casos internacionales, el manejo de un recurso que ha sido considerado estratégico para el país, creándose enclaves neocoloniales en varias regiones del país.
Y son esas organizaciones privadas quienes toman las decisiones sobre las prioridades de conservación, sin contar con el criterio del conjunto de la nación. Por ejemplo, es común entre organizaciones conservacionistas pensar que las actividades petroleras, – si son hechas con tecnología de punta- no provocan daños ambientales a largo plazo, pero consideran que si son un peligro las poblaciones que ha vivido ancestralmente en lo que hoy son las áreas protegidas.
Dentro de esta lógica, las organizaciones privadas de la conservación entran en alianzas con empresas que operan en las áreas protegidas.
Por otro lado, estas organizaciones hablan de “invertir” en conservación, lo que significa obtener réditos económicos y a corto plazo. Por ello trabajan con la lógica de que las áreas protegidas deben ser rentables, y para ello impulsan proyectos como la venta de servicios ambientales y otros.
¿A quién rinden cuentas estas organizaciones?
Nuestro sistema legal tiene varios mecanismos de rendimientos de cuentas desde el Estado a la sociedad. En este caso, el Ministerio del Ambiente tiene la obligación de dar cuentas sobre la administración de las áreas protegidas a la ciudadanía. Pero, ¿cómo podemos exigir rendimiento de cuentas a una organización privada? ¿cómo una organización privada toma las decisiones sobre las prioridades de la conservación?
Como ciudadanos podemos interponer demandas en las Cortes del país cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades con la conservación. ¿Qué podemos hacer con organizaciones privadas?
Un problema más complejo es que las empresas petroleras se conviertan en financistas de la conservación. El que una empresa que va a causar destrucción de un área protegida entregue fondos para la conservación, es una forma de verdear su imagen. Pero no debemos olvidar que los fondos que entrega la empresa, es un dinero de todos los ecuatorianos, pues las empresas trasladan este tipo de gastos al Estado.
Y el problema de la conservación persiste. Las empresas seguirán extrayendo petróleo de las áreas protegidas o ecosistemas frágiles, generando grandes cantidades de desechos contaminantes.
A cambio, un grupo de organizaciones recibirán un puñado de dólares que en realidad son del pueblo ecuatoriano.
EL CASO DEL YASUNÍ: SUPERPOSICION DE AREA PROTEGIDA, TERRITORIOS INGIGENAS Y PETROLEO
El Parque Nacional Yasuní fue creado en 1979. En 1989 fue declarado patrimonio natural y cultural de la humanidad por la UNESCO, es considerada el área con mayor biodiversidad y además del pleistoceno.
El 3 de abril de 1990, después de muchos años de reclamos se lo reconoció como Territorio Waorani con 612.560 hectáreas, en el título de entrega se dice: “los adjudicatarios no podrán impedir o dificultar los trabajos de exploración y/o explotación minera e hidrocarburífera que realice el Gobierno nacional y/o personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas”.
En 1999 con la evidencia la existencia de los pueblos en aislamiento voluntario, se estableció una zona intangible, al sur, de 758.051 hectáreas, mediante el Decreto Presidencial No. 552 del 29 de enero de 1999. Esta zona de los Pueblos en Aislamiento Voluntario fue delimitada en el 2006.
El Yasuní es un complejo territorio que fue fragmentado y donde existe un sistema de conservación en teoría muy fuerte, pero bajo diversas entidades de control.
La presencia de las petroleras, que data de los años 30 del siglo XX, modificó la forma de ocupación del espacio y en algunos casos el tejido social mismo, pero se asentó permanentemente con hitos: 1967 con las operaciones de Texaco, hoy Chevron, 1985 (Bloque 16), 1996 (bloque 31) 2013 (Petroecuador – Bloque 43 – ITT) en el intermedio se avanzaron obras complementarias que determinarían la ocupación del territorio indígena/ área protegida.
En el Yasuní, han vivido ancestralmente los pueblos indígenas Waorani, de reciente contacto desde antes de la historia escrita. Sus territorios ancestrales estuvieron delimitados por el Río Napo hasta el Río Curaray. Su posesión ancestral ha sido reconocida por diferentes instancias públicas e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo en el marco del caso que se lleva en contra del Ecuador por la falta de protección a los Pueblos en Aislamiento Voluntario.
La zona representa un lugar en donde confluyen las condiciones de zonas de mayor biodiversidad y de presencia de pueblos de mayor vulnerabilidad, sin embargo la determinación de área protegida no ha contribuido a proteger ninguna de estas dos condiciones, al contrario, a pesar de los esfuerzos de instituciones académicas, de la iglesia y organizaciones ecologistas e indígenas, no se ha logrado evitar la presencia de las empresas petroleras.
Incluso las prohibiciones constitucionales han resultado insuficientes, en el texto constitucional de 2008 se indica: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular” (Art. 407 de la Constitución del Ecuador). La excepción se convirtió en un procedimiento administrativo para legalizar la actividad.
La regulación ambiental dictada por el país con el Código Orgánico Ambiental, y su reglamentación con el Decreto 752, igualmente permite realizar actividades “establece que es competencia de la autoridad ambiental otorgar las autorizaciones para actividades productivas en las zonas intangibles y que emitirá “la norma técnica en la que se definirán los criterios y lineamientos para emitir el pronunciamiento de viabilidad ambiental de un proyecto, obra u actividad dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles”.
La CIDH en su Informe de Fondo, determinó salvaguardas para los pueblos indígenas como son el derecho de los pueblos en aislamiento a la libre determinación que nunca se cumplieron.
La presencia de las actividades petroleras viene acompañada por campañas racistas, discriminatorias, etnocidas y ecocidas. Impusieron formatos para obligar a los pueblos
Waorani a vivir a base de seducciones, amenazas y chantajes a abandonar sus territorios, introducir cambios culturales y exterminarse.
La falta de medidas para proteger el medio ambiente y los graves daños ambientales causados provocados por las operaciones petroleras están documentadas y son conocidos a nivel nacional e internacional, y son parte de los expedientes de la CIDH en su informe de 1997, y en su Informe de Fondo del Caso 12.979 Pueblos Indígenas en Aislamiento Tagaeri y Taromenane.
Vale subrayar que el Ecuador ratificó el 28 de diciembre de 1977 la Convención Americana. Una decisión final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está muy próxima.
REFERENCIAS
Birdlife, CI, F&FI, Greenpeace, TNC, WCS, WWF. (2004). Joint NGO Statement and Joint Commitment on Protected Areas. To support implementation of a string Programme of Work on Protected Areas under the CBD
Colchester, M. (2004). Naturaleza Cercada. Uruguay. WRM
Constitución del Ecuador (2008).
CIDH Informe de Fondo Caso 12.979 Pueblos Indígenas en Aislamiento Tagaeri y Taromenane.
CIDH (1997) Informe Sobre Ecuador
Decreto 752. Reglamento al Código Orgánico Ambiental
UNEP/CBD/COP/7/32. Plan de Acción para áreas protegidas.
www.ipieca.org