El Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo presentó en el Consejo de Derechos Humanos su informe sobre “El nexo entre el agua y la economía: gestionar el agua para usos productivos desde la perspectiva de los derechos humanos”.
La función crucial que desempeña el agua exige que los ecosistemas acuáticos, el ciclo del agua y el agua misma se gestionen de forma justa y sostenible, implicando a las poblaciones locales, regionales y mundiales en una estructura anidada de gobernanza.
Sobre los valores y funciones del agua, el Relator Especial sostiene: “Los ríos no pueden gestionarse como canales de H2O sino como ecosistemas vivos, garantizando su sostenibilidad”, y añade: “el añade que ya que tiene muchas de las funciones y los valores, el agua no pueden convertirse en términos monetarios; no encajan en el ámbito de la crematística aristotélica. Por ejemplo, ¿cómo podría determinarse el valor del agua destinada a salvaguardar la salud de las familias y comunidades? ¿Cómo podría compararse el valor del agua necesaria para mantener la salud pública con el valor del agua que se necesita para cultivar aguacates destinados a la exportación? Esos valores se enmarcan en categorías éticas diferentes, por lo que resulta difícil equipararlos únicamente en función de consideraciones monetarias”.
El Relator Especial propone el concepto prioritario de “agua para la vida”: para promover un enfoque de la gestión del agua basado en los derechos humanos hay que dar prioridad a los usos y las funciones que sustentan la vida, en particular, la vida y la dignidad de las personas.
El agua y los ecosistemas acuáticos deben gestionarse como bienes comunes de dominio público. De acuerdo al Relator Especial:
El agua que extraemos de la naturaleza para diversos usos debería gestionarse como un bien común, ser accesible a todos y no pertenecer a nadie. A su juicio, los ecosistemas de los que se obtiene el agua deberían considerarse un patrimonio natural común, y su sostenibilidad debería garantizarse en beneficio de todos, incluidas las generaciones futuras. También hay que reconocer el ciclo del agua como un recurso global, que forma parte del sistema climático, junto con el régimen de lluvias del que dependen la flora silvestre y la producción de alimentos de secano y los suelos fértiles que retienen y almacenan la humedad esencial para la vida vegetal.
Sobre los pueblos indígenas y su relación con el agua, el Relator señala:
Para los Pueblos Indígenas, la gestión del agua, el alma azul de la vida, se integra en la cosmovisión del territorio y la naturaleza. Según esa visión, la comunidad, junto con otros seres vivos y ecosistemas, forma parte de un orden natural que debe ser tratado con respeto sagrado.
Hay que establecer prioridades para el uso del agua y aplicar estrategias que promuevan un uso eficiente y responsable del agua basado en principios como el de no deterioro, la restauración, la recuperación de costos y la eficacia en función de los costos.
Sobre el agua como patrimonio natural común, el Relator enumera varios tipos de ecosistemas acuáticos como ríos, lagos, humedales, acuíferos y ecosistemas conexos, como suelos fértiles, bosques y cubierta vegetal, son vitales para gestionar el ciclo del agua tanto en las islas como en los continentes, por las funciones ecológicas que cumplen.
Por lo tanto, la gestión de ese patrimonio natural común debe estar estrechamente vinculada a los territorios por los que discurren los ríos y a las poblaciones que dependen de él, y concluye que el agua no es un bien comercial, sino un patrimonio que hay que proteger y defender.
Sobre el ciclo del agua como patrimonio global común, el Relator Especial cree que esa conceptualización es insuficiente, ya que los ecosistemas acuáticos deben considerarse un patrimonio común vinculado a los territorios y las poblaciones concretas que dependen de ellos. Asimismo, el agua disponible para satisfacer las necesidades de una comunidad debe considerarse un bien común, ya que la comparten todos sus miembros.
Es muy interesante la referencia que hace a las industrias que utilizan grandes cantidades de agua, y la contaminan:
El agua se utiliza para el desarrollo económico en actividades productivas, como las industrias extractivas y la agricultura a gran escala, que generan beneficios. Sin embargo, esas actividades también generan una mayor demanda de agua y entrañan el riesgo de contaminarla, por lo que hay que prestarles especial atención, aunque les corresponde el tercer orden de prioridad.
Por último, las actividades productivas que generan contaminación tóxica, como los metales pesados, que entrañan graves riesgos para la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas, deben prohibirse y evitarse a toda costa, por muy rentables que resulten para sus promotores.
En su informe, el Relator Especial critica la perspectiva neoliberal del agua, que la considera una mercancía sujeta a la lógica del mercado; el acceso al agua, su uso y sus beneficios dependen de la capacidad de pago de cada individuo en función de la oferta y la demanda, y cuyo objetivo primordial es obtener la máxima eficiencia mediante los incentivos de la libre competencia.
Critica también las múltiples estrategias para financierizar el agua, como la concesión de derechos de mercados de futuros según la lógica de la especulación financiera.
En sus conclusiones el Relator Especial hace una serie de recomendaciones a las Naciones Unidas – ya que se tiene que elaborar una estrategia general sobre el agua y el saneamiento- incluyendo, entre otras las siguientes:
– Reconocer el agua como un bien común, con responsabilidades anidadas a nivel local, de cuenca y global;
– Reconocer los ecosistemas acuáticos, ríos, humedales y acuíferos como patrimonio natural común, vinculado a las poblaciones que dependen de ellos y que deben asumir la responsabilidad de garantizar su buen estado y su sostenibilidad desde una perspectiva intergeneracional;
– Reconocer las aguas extraídas de estos ecosistemas como un bien común de las poblaciones que se abastecen de ellas para usos múltiples, con la responsabilidad de garantizar la primacía de los derechos humanos, así como el uso equitativo y responsable desde la lógica del interés general;
– Reconocer el ciclo del agua y el sistema climático como patrimonio global común de la humanidad, estableciendo criterios justos de responsabilidad y acuerdos e instituciones que permitan una gobernanza democrática eficaz.
El Relator Especial recomienda promover un enfoque de gestión del agua presidido por el principio de sostenibilidad y basado en los derechos humanos, sustentado en las siguientes prioridades: las personas; agua para la vida, como prioridad máxima, en usos y funciones que favorezcan la sostenibilidad, la biodiversidad y, en particular, la vida y la dignidad humana.
El Relator Especial recomienda además establecer de forma efectiva el dominio público sobre los ríos, humedales y acuíferos, así como sobre las aguas extraídas de ellos, con el fin de promover una gestión sostenible, equitativa, participativa, transparente y responsable.
Fuente:
El nexo entre el agua y la economía: gestionar el agua para usos productivos desde la perspectiva de los derechos humanos. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo. A/HRC/57/48
Consejo de Derechos Humanos. 57º período de sesiones. 9 de septiembre a 9 de octubre de 2024. Tema 3 de la agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo