En la Asamblea General de las Naciones Unidas, varias Relatorías Especiales de Derechos Humanosi presentaron un comunicado dirigido al Gobierno de Nigeria, donde pusieron en evidencia su preocupación sobre las desinversiones hechas por las empresas petroleras que han operado desde hace décadas en el Delta del Níger – Nigeria, generando una serie de impactos en el ambiente y los derechos humanos de las poblaciones, en las operaciones terrestres de sus filiales nigerianas, sin que haya habido una limpieza eficazmente a la contaminación de la que son responsables, lo que afecta a diversos derechos humanos.
Las empresas petroleras son: Shell (anteriormente con sede en los Países Bajos como Royal Dutch Shell y actualmente con sede en el Reino Unido), a través de su subsidiaria SPDC, la mayor contaminadora del Delta, ahora sin inversiones de Shell; Eni (Italia), TotalEnergies (Francia) y ExxonMobil (Estados Unidos).
Las Relatorías señalan que han recibido información que muestra que la contaminación en el delta del Níger por parte de las compañías petroleras mencionadas, a través de sus filiales nigerianas sigue representando una amenaza inmediata y continua para los derechos humanos de las comunidades en los nueve estados del delta del Níger, especialmente en los estados de Akwa Ibom, Bayelsa, Delta y Rivers. Esta desinversión, sin una rendición de cuentas adecuada, obstaculiza la reparación adecuada de los daños causados por sus operaciones y limitar el acceso a una reparación efectiva por estos abusos, incluida la limpieza del medio ambiente y la provisión de una compensación adecuada a los perjudicados.
Los relatores señalan que las empresas filiales de estas empresas en Nigeria han causado daños ambientales generalizados durante décadas, vulnerando los siguientes derechos: a la vida, a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; el derecho al más alto nivel posible de salud, al agua potable, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la vivienda, los derechos culturales, el derecho al acceso a la información y el derecho a la reparación.
El informe señala que en caso de daños, las empresas operadoras también tienen la responsabilidad legal de restaurar el medio ambiente. Según la legislación nigeriana, se debe establecer un fondo de desmantelamiento y abandono. Sin embargo, las compañías petroleras internacionales han desinvertido parte o la totalidad de sus activos terrestres en el delta del Níger sin cumplir con estas obligaciones, ni su responsabilidad de respetar los derechos humanos y el medio ambiente.
Inicialmente, el Gobierno nigeriano rechazó en dos ocasiones la solicitud de Shell de desinvertir en SPDC, en parte por las preocupaciones sobre la situación financiera del comprador, Renaissance Africa Energy Company Ltd. (un consorcio formado por varias empresas petroleras 2 ). Sin embargo, en 2024, el Gobierno nigeriano aprobó la desinversión, cuyos términos no se han hecho públicos. La aprobación ha provocado una condena generalizada, tanto por la sociedad civil en Nigeria como internacionalmente.
Una vez completada la desinversión, la responsabilidad de la limpieza de la contaminación ambiental pasada, la recuperación del sitio y el desmantelamiento recae en la empresa compradora. Existe una preocupación real de que los compradores no cuenten con los recursos financieros para llevar a cabo las obras de reparación pendientes necesarias ni para compensar a las comunidades afectadas por las violaciones de derechos humanos derivadas de actividades pasadas y actuales.
La Comisión de Bayelsa 3 estima que la limpieza y remediación del estado de Bayelsa, por sí sola, costaría aproximadamente 12 000 millones de dólares. Una proporción significativa de ese costo probablemente recaería en SPDC. Además, se requieren enormes inversiones para modernizar la infraestructura obsoleta y con fugas, y para desmantelar de forma segura los activos en desuso. Renaissance ha declarado que cuenta con una base de activos colectiva de más de 3 000 millones de dólares. Sin embargo, el consorcio depende de la financiación de SPDC. Shell ha declarado que «otorgará préstamos a plazo garantizados de hasta 1 200 millones de dólares para cubrir diversas necesidades de financiación».
Las Relatorías piden, entre otras cosas, al Gobierno de Nigeria:
1. Que proporcione cualquier información adicional o comentario que pueda tener sobre las alegaciones mencionadas anteriormente.
2. Que indique cómo el Gobierno está cumpliendo con su obligación de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por las actividades empresariales, garantizando que las empresas en su territorio o bajo su jurisdicción lleven a cabo una diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo abordan sus impactos en los derechos humanos en todas sus operaciones, incluidos los procesos de desinversión descritos anteriormente, según lo establecido en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (PRNU) y otras normas internacionales. Como parte de esta respuesta, indique cómo planea garantizar las iniciativas de remediación ambiental y el acceso a recursos tras la desinversión de las compañías petroleras internacionales.
3. Que aclare por qué se han aprobado algunas desinversiones sin que se hayan dispuesto los fondos completos para el desmantelamiento y el abandono.
4. Que se especifique las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar el derecho del público a recibir información oportuna y accesible, tanto sobre la remediación, el acceso a las medidas de remediación como sobre otras cuestiones relacionadas con los procesos de desinversión y las actividades extractivas relacionadas.
5. Que indique las medidas que el Gobierno ha adoptado o está considerando adoptar para garantizar que las empresas domiciliadas en su territorio o jurisdicción establezcan y participen en mecanismos operativos eficaces de reclamación, de conformidad con el Principio 31 de los Principios Rectores de las Naciones Unidas.
6. Que informe sobre las medidas que el Gobierno está adoptando o considerando adoptar para garantizar que las personas afectadas por las actividades de las empresas que operan en su jurisdicción tengan acceso a la remediación.
El comunicado fue enviado a los países donde las empresas tienen sus sede, y a todas las empresas petroleras involucradas.
Referencias:
1. Empresas y Derechos Humanos, Derechos Campesinos, Alimentación, Cambio climático, Sustancias Tóxicas y Medio Ambiente.
2. ND Western Limited, Aradel Holdings Plc, the Petrolin Group, FIRST Exploration and Petroleum Development Company Limited, and the Waltersmith Group.
3. La Comisión Bayelsa ha investigado los daños ambientales y humanos causados por las multinacionales petroleras en el Estado de Bayelsa – Delta del Níger, y ha elaborado recomendaciones para un nuevo marco global que regule estas operaciones y garantice que las comunidades receptoras se beneficien de las actividades de la industria petrolera. El 16 de mayo de 2023, se publicó el informe final.