Recomienda al Estado brasileño que consolide la justicia climática como principio orientador de sus políticas públicas
Fuente: Oficina de Prensa de la CIDH
30 de abril de 2025
A partir del a partir del 29 de abril 2024, tuvieron lugar grandes inundaciones en el Estado brasileño de Río Grande del Sur, provocando centenas de muertes, deslizamientos de tierra y el colapso de una presa. Al menos 478 municipios fueron afectados y casi 2,3 millones de personas afectadas; una de las mayores tragedias socioambientales de la historia reciente del país.
De cara a estos acontecimientos, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Impactos de las inundaciones en Rio Grande do Sul: observaciones y recomendaciones para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, y presenta observaciones y recomendaciones dirigidas al Estado brasileño.
El informe se basó en la visita de trabajo realizada entre el 2 y el 6 de diciembre de 2024, liderada por el Relator Especial Javier Palummo Lantes, con el objetivo de documentar los impactos de la tragedia sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), con especial énfasis en la respuesta de emergencia, las acciones de mitigación, los procesos de reconstrucción y las estrategias de adaptación al cambio climático.
El equipo de la REDESCA se reunió con autoridades, movimientos sociales, liderazgos comunitarios, personas de la comunidad científica y visitó comunidades directamente afectadas por las inundaciones. .
La Relatoría Especial destaca que más de 2,3 millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones ocurridas entre abril y mayo de 2024, que dejaron un saldo de 183 muertes confirmadas, 27 personas desaparecidas, cerca de 800 heridas y miles de familias desplazadas. El informe evidencia la desproporcionalidad de los impactos sobre grupos en situación de mayor vulnerabilidad (niñas y niños, mujeres, personas afrodescendientes, pueblos indígenas y comunidades tradicionales, personas con discapacidad, personas mayores, población LGBTQIA+, migrantes y refugiados, así como trabajadores y trabajadoras rurales e informales).
REDESCA reconoce los esfuerzos de respuesta del Estado brasileño frente a la tragedia, que incluyeron la movilización de recursos financieros, la creación de estructuras de gestión de la crisis, la ampliación de programas sociales, el apoyo a municipios en estado de calamidad y la implementación de acciones coordinadas entre los niveles federal, estatal y municipal, en articulación con la sociedad civil y organismos internacionales. Se destacan, en particular, las acciones de rescate, la rapidez en la organización de la asistencia humanitaria, la reconstrucción de infraestructura y el apoyo brindado a la población afectada como elementos fundamentales para mitigar los daños inmediatos de la catástrofe.
Sin embargo, se identifica fallas estructurales que habrían contribuido a la magnitud de los impactos sobre los DESCA, entre ellas la degradación ambiental, la expansión del agronegocio, el debilitamiento de la legislación ambiental, la falta de mantenimiento de los sistemas de contención de inundaciones y el crecimiento urbano con baja resiliencia ambiental.
Ante este escenario, la REDESCA reafirma la urgencia de que el Estado brasileño consolide la justicia climática como principio orientador de sus políticas públicas, fortaleciendo las medidas de prevención, adaptación y respuesta a desastres sobre la base de los derechos humanos. Ello implica revertir los retrocesos en materia ambiental, garantizar el acceso a información confiable y combatir la desinformación, asegurar la participación efectiva de las comunidades afectadas —incluida la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales—, y adoptar políticas inclusivas que reconozcan y aborden los impactos diferenciados sufridos por los grupos históricamente marginados.
El informe subraya los impactos de la tragedia climática sobre personas trabajadoras de diversos sectores, en particular aquellas en situación de informalidad, como quienes se dedican a la pesca artesanal, la recolección de materiales reciclables, el reparto por aplicaciones y la producción artesanal, quienes enfrentaron la pérdida de ingresos y ausencia de protección social. Asimismo, se evidencian efectos severos sobre comunidades rurales, pueblos indígenas y quilombolas, incluyendo un aumento de la inseguridad alimentaria. La REDESCA recomienda avanzar en la titulación de territorios quilombolas, la reforma agraria y la demarcación de tierras indígenas, al tiempo que rechaza la tesis del “marco temporal”.
Otro aspecto crítico señalado por la REDESCA es la afectación al derecho humano al agua, comprometido como consecuencia de las inundaciones. El desbordamiento de aguas residuales y la contaminación de fuentes hídricas por sustancias químicas y biológicas —incluyendo agrotóxicos— han impactado seriamente ríos, lagos y acuíferos, generando riesgos significativos para la salud pública. La Relatoría Especial alerta sobre las amenazas sanitarias derivadas de esta situación y subraya la urgencia de adoptar medidas estructurales de resiliencia y prevención.
La Relatoría Especial subraya la urgencia de implementar medidas estructurales para prevenir nuevos desastres en Rio Grande do Sul, fundamentadas en los principios de justicia climática y derechos humanos. Entre las principales recomendaciones se incluyen la modernización de los sistemas de monitoreo hidrológico y alerta temprana, el fortalecimiento de las infraestructuras de drenaje pluvial y contención de inundaciones, así como la revisión y efectiva implementación de los planes directores y de gestión del riesgo, asegurando una participación social amplia y significativa. Asimismo, la Relatoría Especial propone la adopción de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), mediante la expansión de infraestructuras verdes —como parques urbanos, techos verdes y corredores ecológicos— y azules —como humedales, sistemas de drenaje natural y recuperación de márgenes de ríos—, en articulación con la comunidad científica, las autoridades locales y las poblaciones afectadas.
La Relatoría Especial enfatizó que la garantía efectiva de los derechos humanos frente al cambio climático requiere fortalecer medidas preventivas, la participación social y el compromiso con prácticas sostenibles y equitativas.
REDESCA reafirmó su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos ante la emergencia climática, y se pone a disposición para brindar asistencia técnica, incluida la posible activación de un mecanismo especial de seguimiento, con el objetivo de monitorear y fortalecer las acciones orientadas a la protección de los DESCA frente a los impactos del cambio climático.