Reseña hecha por Sofía Salazar a partir de la presentación de Aldo González
Las evidencias más antiguas de maíz, conocidos como elotes, han sido encontrado en cuevas cercanas a la ciudad de Oaxaca donde se han encontrado. El maíz forma parte importante de una herencia biocultural que recorrió todo el continente. Aunque su centro de origen se ubica en México, otros centros de diversidad están en Perú y otras regiones andinas, adonde habría llegado hace unos seis mil años.
La diversidad del maíz en América, no es un accidente ni un recurso dado; es el resultado de prácticas campesinas sostenidas durante milenios. En regiones como Oaxaca, el maíz no se cultiva en monocultivo sino dentro de la milpa, un sistema en el que conviven otras plantas como frijol, calabaza, chiles y tomates, formando un paisaje agrícola donde las semillas se adaptan, circulan y se reproducen en comunidad. En México hay 59 razas propias del país además de otras adaptadas, y con miles de variantes por cada raza. Oaxaca ocupa un lugar especial dentro de ese mapa, no solo como región productiva sino como espacio donde se concentra una porción importante de esa diversidad.
En medio de este contexto, el 15 de septiembre de 2001 el periódico La Jornada publicó la noticia de que el maíz mexicano estaba contaminado por transgénicos, un anuncio que encendió alarmas no solo por su dimensión agrícola sino por lo que implicaba para la soberanía alimentaria, los territorios campesinos y la continuidad de las semillas nativas.
El Instituto Nacional de Ecología corroboró la contaminación e instaló explicaciones como la migración interna, una hipótesis que Aldo cuestionó por su carga de desprecio cultural, ya que presupone que las comunidades “mezclan” semillas sin criterio, cuando en realidad las cuidan, las seleccionan y saben que introducir semillas ajenas no solo es inútil, sino peligroso para su propio sistema de vida.
La contaminación podría originarse de la importación de granos desde Estados Unidos, hecha por DICONSA la red estatal de distribución de granos del Estado. El testimonio de una mujer mostró que cuando quedó sin semilla, compró granos en DICONSA, los sembró y solo después supo que eran transgénicos. Esto evidencia de que la contaminación involuntaria en las propias parcelas y altera los sistemas comunitarios de reproducción de semillas.
Los estudios para monitorear y mapear la contaminación dependían de laboratorios especializado y era caro, pero se hicieron y se encontró que había muchos más transgénicos de los que se reconocían oficialmente, pero esa ruta no podía repetirse territorio por territorio. La siguiente pregunta fue: si el maíz ya está contaminado ¿qué se hacer para enfrenta esa contaminación? ¿cómo se decide qué semilla guardar, qué sembrar, y cómo seguir sin quedar paralizados por el diagnóstico?
Después de convenir que el diagnóstico estaba claro, se decidió potenciar los saberes campesinos y desarrollar estrategias de selección sostenidas en comunidad, como: cortar la espiga para controlar la polinización y sostener procesos de cuidado colectivo en condiciones adversas; o identificar mazorcas con deformaciones y cortar la espiga de esas plantas para evitar la polinización.
Sin embargo, el desafío de fondo exigía abrir otras formas de conocimiento. En esa búsqueda, se enlazó con médicos tradicionales, como don Pedro de Haro, guía espiritual huichol, quien insistió en que la defensa del maíz debía sostenerse desde una dimensión espiritual. En ese marco, se realizaron ceremonias orientadas a pedir que se elimine la contaminación, como parte de una ética de defensa que entiende al maíz como una vida colectiva. Allí se asumió un compromiso activo para defenderlo, recordando que la lucha tiene costos y trabajo sostenido y reconociendo las relaciones históricas de deuda y despojo, sin renunciar al trabajo comunitario como forma concreta de defensa.
Así se formó la Red en Defensa del Maíz, que sostuvo una articulación amplia y de largo aliento. Se convocó a médicos tradicionales para explorar si podían identificar señales para distinguir entre maíces sanos y contaminados, y si lograron reconocer diferencias entre muestras, mostrando que estas formas de conocimiento operan como tecnologías de diagnóstico y cuidado, con capacidades que no están disponibles para cualquiera. “Hay gente que tiene ciertos dones que le permiten ver cosas que el resto no ve”.
Desde ahí, el horizonte político no se planteó como control punitivo ni como exterminio del maíz afectado. “Lo que nos interesa es sanar nuestros maíces”, insistiendo en que la respuesta no era “decir que son transgénicos y los vamos a quemar”, sino como la recuperación colectiva de una continuidad biocultural amenazada.
En esa disputa aparecen actores vinculados a una lógica de los “negocios verdes” que, en lugar de frenar el daño, proponían administrar la contaminación. Un estudio de 2004 ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, presionaba al gobierno detener la importación de maíz transgénico, y la adopción de un mecanismo de compensación mediante un gravamen a las importaciones, lo que fue rechazado porque normaliza la continuidad del agronegocio, asumía la contaminación como externalidad inevitable y convertía a la defensa del maíz, en una negociación económica sobre el daño.
Otras voces científicas e institucionales proponían minimizar el conflicto a través de aceptar un grado de tolerancia al transgénico, sosteniendo que los maíces nativos “se curan solos” por tanto, si es que se diera una nueva contaminación “no va a pasar nada”. En este punto, la disputa dejó de leerse como una discusión técnica para mostrarse como una batalla política por el sentido del problema, donde quienes relativizan el daño terminan insertándose en entramados de poder que mantienen alianzas funcionales a la expansión del modelo.
Esa ofensiva se complementó con una reconfiguración legal y económica orientada a disputar el control de las semillas. La legislación de certificación aprobada en 2007 comenzó a tratar las semillas campesinas como “semillas piratas”, en sintonía con marcos internacionales como UPOV 91 que refuerzan regímenes de propiedad y circulación favorables a las empresas semilleras. Frente a ese escenario, la organización se sostuvo y se expandió, y en Oaxaca se fortaleció un espacio propio de defensa del maíz nativo que, junto con la Red en Defensa del Maíz, convocó en 2013 al Tribunal Permanente de los Pueblos para producir un dictamen con peso jurídico y político, reconociendo la contaminación como afectación a derechos colectivos, territorios indígenas y soberanía alimentaria, sin quedar atrapados únicamente en el terreno de la evidencia científica convencional.
La defensa del maíz se sostuvo desde prácticas comunitarias y espirituales que funcionan como formas de cuidado, transmisión y resguardo territorial, como la conmemoración anual del Día Estatal en Defensa del Maíz Nativo, donde se articulan calendarios, rituales y prácticas de protección de la milpa que mantienen viva la continuidad biocultural. Sin embargo, el conflicto no se reduce a la presión empresarial, porque también involucra gobiernos que, incluso bajo lenguajes populares, han operado como facilitadores de la expansión transgénica y de la concentración semillera, ya sea flexibilizando criterios de “libre de transgénicos” o sosteniendo alianzas con actores estratégicos del agronegocio.
Un problema más reciente se presentó contando que en 2018 se abrió un escándalo cuando Mars Inc., empresa dedicada a hacer chocolates, llegó a una comunidad indígena tras identificar un maíz que crece hasta 6 metros de altura, sin fertilizantes, en zonas donde normalmente no sería posible. La clave está en que ese maíz produce su propio nitrógeno a través de raíces adventicias cubiertas por un gel donde viven bacterias que fijan nitrógeno. Mars presentó esto como “el grial de la agricultura”, argumentando que si lograban producir y vender esa semilla a nivel mundial podrían reducir hasta el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pensando claramente en el negocio. La respuesta desde el territorio fue distribuir esa semilla entre gente que no está pensando en el negocio, sino en la circulación solidaria y la defensa del maíz como vida compartida.
Es decir, la defensa del maíz implica defender las formas propias de organización comunitaria como la Guelaguetza, un evento promovido por el gobierno de Oaxaca como espectáculo cultural donde pueblos indígenas se presentan con vestimenta tradicional y danzan. En zapoteco, guelaguetza significa “ayuda mutua”; un principio organizativo que sostiene la vida cotidiana. Cuando hace falta sembrar, se convoca a los amigos, no como mano de obra, sino como parte de un tejido que se devuelve en reciprocidad cuando les toque a ellos; juntándose trabajo compartido, fiesta, convivencia y una economía moral que se construye en vínculo.